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Después del revuelo causado por la intención de modificar la Ley de Economía Sostenible para dejar en manos de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura el poder para cerrar o no una página web, que provocó la creación del Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet, parece que el gobierno de España ahora si que tiene claro como va a actuar contra las páginas de descarga P2P.
El modelo permitirá el bloqueo de las páginas o la retirada de contenidos ilícitos por un procedimiento rápido (menos de un mes) a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero con autorización judicial previa. con lo que intentan contentar tanto a la industria (o más bien a parte de ella, como ha quedado demostrado en muchas ocasiones) y a la comunidad internauta, por aquello de que el procedimiento requerirá autorización judicial.
A mi, por lo menos, no me convence. Me parece el típico movimiento para intentar templar ánimos pero cuya finalidad será la misma que la del principio, permitir que una parte interesada apunte con el dedo, desde dentro del gobierno, y los perros se lancen en esa dirección sin compasión. Me pregunto si tendrán la misma determinación con páginas como Youtube, Rapidshare, Megaupload o The Pirate Bay que con las de los cuatro de siempre, pero todos sabemos la respuesta: no. La diferencia es clara: unos se pueden defender, sin miedo alguno, y los otros, bien por falta de medios bien por el miedo, acatarán sin rechistar.
Nunca me cansaré de repetir que si la industria pusiera el mismo empeño en adaptarse a los tiempos que corren que el que ponen con guarradas como en canon digital y estas cazas de brujas otro gallo cantaría. Pero no, es mejor perseguir a los potenciales clientes, crimializarlos, espiarlos, cobrarles el doble que en otros países por el mismo producto, etc. El batacazo será de aupa.
El modelo permitirá el bloqueo de las páginas o la retirada de contenidos ilícitos por un procedimiento rápido (menos de un mes) a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero con autorización judicial previa. con lo que intentan contentar tanto a la industria (o más bien a parte de ella, como ha quedado demostrado en muchas ocasiones) y a la comunidad internauta, por aquello de que el procedimiento requerirá autorización judicial.
A mi, por lo menos, no me convence. Me parece el típico movimiento para intentar templar ánimos pero cuya finalidad será la misma que la del principio, permitir que una parte interesada apunte con el dedo, desde dentro del gobierno, y los perros se lancen en esa dirección sin compasión. Me pregunto si tendrán la misma determinación con páginas como Youtube, Rapidshare, Megaupload o The Pirate Bay que con las de los cuatro de siempre, pero todos sabemos la respuesta: no. La diferencia es clara: unos se pueden defender, sin miedo alguno, y los otros, bien por falta de medios bien por el miedo, acatarán sin rechistar.
Nunca me cansaré de repetir que si la industria pusiera el mismo empeño en adaptarse a los tiempos que corren que el que ponen con guarradas como en canon digital y estas cazas de brujas otro gallo cantaría. Pero no, es mejor perseguir a los potenciales clientes, crimializarlos, espiarlos, cobrarles el doble que en otros países por el mismo producto, etc. El batacazo será de aupa.
